La disciplina de la conservación de los centros históricos es muy reciente. Los primeros postulados en esta materia se dieron a finales del siglo XIX y continuaron durante el siglo XX, periodo en el que se escribió la teoría de pensadores como Ruskin, Le Duc, Boito y Giovannoni, entre otros. A partir de estos conceptos, se han fundamentado las cartas, documentos y declaraciones internacionales que han fijado los criterios sobre los cuales se ha regido la actividad práctica de la gestión, conservación y la rehabilitación en nuestros días.

Los conceptos de Centro Histórico o Sitios Urbanos Patrimoniales han sido objeto de análisis durante el siglo pasado. Sobre este tema se han trazado una serie de planteamientos y criterios que se han ido modificando con el paso de los años, hasta llegar a la actualidad con la construcción de un concepto más amplio, que se fundamenta en principios antropológicos, sociológicos, económicos y, por supuesto, culturales e ideológicos. En las cartas o documentos internacionales donde México es uno de los países firmantes, el concepto de Centro Histórico empieza a definirse desde la Carta de Atenas de 1931 pero es hasta la década de los setenta cuando aparecen las primeras nociones del concepto. De ahí se desprende la definición manifiesta en el Coloquio de Quito de 1977, que dice: “Centros Históricos a todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo, que comprenden tanto asentamientos íntegros como aldeas o ciudades o aquellos que a causa de su crecimiento constituyen parte de una estructura mayor, representan un incuestionable valor cultural, social y económico, son patrimonio cultural humano no renovable y pertenecen particularmente a todos aquellos sectores que lo habitan.”

En el caso mexicano, se acuña el concepto de Zona de Monumentos Históricos manifiesto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, en el artículo 41 que a letra dice: “…el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país”. Esta ley sintetiza y captura los esfuerzos de otras leyes emitidas con anterioridad que empezaban a mostrar la importancia que tenían los centros de las poblaciones, vistos como un legado histórico y cultural que merecían ser conservados. La Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural de 1934, se puede considerar como el primer intento en la legislación mexicana en hacer referencia al concepto que hoy entendemos como centros o zonas históricos.

La Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia fue emitida por el presidente Lázaro Cárdenas el 3 de febrero de 1939; en ella se le otorgaron, entre otras atribuciones, la de explorar, vigilar, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos del país; así como, llevar a cabo investigaciones científicas y artísticas que le interesaran a la arqueología e historia de México, así como investigaciones antropológicas y etnográficas, principalmente de la población indígena del país.La creación de un nuevo órgano en la administración pública federal exigía actualizar la legislación en ese momento vigente;a ésta se le adicionaron artículos donde se establecía que era el Instituto Nacional de Antropología e Historia la única institución facultada para conservar y proteger aquellos monumentos que fueran declarados como artísticos, históricos o los lugares que fueran declarados como zona típica, pintoresca o belleza natural, ya fuera por el gobierno federal o por los gobiernos estatales.3

Asimismo, la citada ley hace énfasis sobre la aplicación de un régimen técnico con el fin de conservar el carácter artístico y arquitectónico en los principales centros de población del país y, principalmente, los de la Ciudad de México. La construcción en monumentos y edificios públicos colindantes a monumentos deberían inspirarse en motivos arqueológicos o coloniales.4 Estas motivaciones surgieron bajo el régimen posrevolucionario que buscaba reconstruir la imagen del mexicano y fue precisamente en su pasado prehispánico y virreinal donde encontraron los elementos, sobretodo en el campo de la arquitectura, para establecer los cánones a partir de los cuales guiar las intervenciones en los centros más antiguos de los pueblos y las ciudades, sobre todo las fundadas durante el periodo virreinal.

El régimen técnico al que se refiere la citada ley estaría representado por la Comisión de Monumentos quien sería la encargada de aprobar los proyectos a realizarse tanto en la Ciudad de México como en el interior del país.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 tuvo un precedente muy importante por su amplitud, estructura y terminología que fue la Ley Federal del Patrimonio Cultural Nacional de 1968‐1970, la que contó con la participación de actores clave para su promulgación y difusión; entre ellos destacan los senadores Carlos Loret de Mola y Andrés Serra Rojas, el arquitecto Luis González Aparicio, don Eusebio Dávalos, el arquitecto Luis Ortiz Macedo, el maestro Guillermo Bonfil y el doctor Alejandro Gertz Manero, entre otros destacados personajes de la vida social y cultural de nuestro país.

En la exposición de motivos para la promulgación de la ley de 1972, se afirmaba que aquellos bienes que el proyecto buscaba proteger y que conformaban el valioso patrimonio cultural se habían visto disminuidos por múltiples causas, lo que urgía la expedición de un nuevo estatuto que facilitara en sus diversas tareas la preservación de aquel patrimonio.5 A este patrimonio de la nación lo tenían claramente definido: los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, conceptos que venían configurándose desde la ley de 1934, que se perfeccionaron en la ley de 1968‐1970 y que se retoman en la de 1972. Sin embargo, esta última ley aporta, dentro de otros puntos destacables, una definición por demás importante: zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, mismas que quedan bajo la jurisdicción de los poderes federales.

Esta nueva definición y su integración al cuerpo de la ley respondía al problema de la protección de conjuntos de monumentos, que al estar protegidos sólo de manera individual, de acuerdo con lo que en ella se disponía, se permitió que se deterioraran los entornos o se permitiera el saqueo en espacios entre monumentos, por lo que vendría a responder a este problema.6

Después de una serie de vicisitudes, el proyecto de ley finalmente fue presentado al pleno el 27 de abril, en una primera lectura y al día siguiente, una segunda lectura; por unanimidad de votos se procedió a enviarlo al Ejecutivo Federal para su sanción y publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 1972, la ahora Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La presente ley manifiesta que la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, junto con otras instituciones del país, serán las encargadas de fomentar el conocimiento y el respeto a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Asimismo, determina las competencias de cada uno de los Institutos: el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.

La Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia7 define en el artículo 2º los objetivos del Instituto, mismos que llevará a cabo a través de 21 funciones. La cuarta indica que es responsabilidad del Instituto proponer a la autoridad competente la expedición de reglamentos que contengan normas generales y técnicas para la conservación y restauración de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean aplicados en forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales. La sexta dicta promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de manuales y cartillas de protección de patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de conservación y restauración a las condiciones concretas del estado y del municipio.

Con base en los objetivos y funciones que las leyes le confieren al Instituto Nacional de Antropología e Historia, se celebra el presente Encuentro Internacional a fin de redactar lineamientos apegados a las necesidades reales que respondan a los fenómenos sociales, políticos y económicos actuales y que contribuyan a lograr el cumplimiento cabal de los objetivos e intereses que persigue esta Institución a favor de la preservación y conservación del patrimonio cultural de nuestro país.


1 Cottom, Nación, 2008, p. 214.
2 Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, 1934.
3 Op. Cit., p. 215.
4 Op. Cit., pp. 214‐215.
5 Op. Cit., p. 301.
6 Op. Cit., p. 303.
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de febrero de 1939.